En noviembre de 2025, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) convocó un concurso público para reasignar frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. El objetivo oficialmente planteado era modernizar la gestión del espectro radioeléctrico, actualizando el sistema de concesiones y ajustando el canon que los medios pagan por ocupar frecuencias.

Sin embargo —y como muchos actores lo advertían— los costos de entrada resultaron prohibitivos para la mayoría de los medios. Las tarifas base definidas por SUTEL para la subasta eran desorbitadas en comparación con lo que históricamente pagan los concesionarios. De acuerdo con los parámetros fijados, una frecuencia FM nacional digital costaba casi US$ 386.000 (cerca de 193 millones de colones) como canon de entrada, y un canal nacional de televisión rondaba los US$ 1,6 millones.

Como resultado, al cierre de la convocatoria —22 de noviembre— solo se presentaron 25 ofertas de las 85 frecuencias disponibles. Apenas cuatro correspondían a canales de televisión y 21 a estaciones de radio.

Entre las ausencias destacan históricos medios nacionales como la radioemisora Radio Columbia y decenas de radios comunitarias, culturales, regionales o religiosas. Para muchos, el costo implicado era simplemente inviable.
Este desequilibrio técnico-económico en la subasta provocó alarma en sectores diversos sobre la viabilidad de mantener la pluralidad informativa del país, sobre todo en regiones donde las radios comunitarias o locales juegan un rol clave en el acceso a la información.

De lo técnico a lo político: la escalada del conflicto
Para muchos, la subasta hubiera podido ser debatida como un asunto técnico o regulatorio. Pero el presidente Rodrigo Chaves decidió politizarlo, transformándolo en un tema de confrontación, con impulsos claramente punitivos hacia ciertos medios.

Al percatarse de la fuerte resistencia —declinaciones de participación, rechazo de conglomerados de radio, advertencias de periodistas y sectores sociales—, el gobierno trató de generar condiciones especiales. Chaves anunció que trabajaba en un proyecto de ley que permitiría excluir de la subasta a emisoras religiosas (católicas y evangélicas), dándoles un trato preferencial, con acceso “gratuito” a frecuencias.
Ese anuncio, lejos de calmar la controversia, encendió una nueva ola de críticas: muchas voces consideran que esa pretensión vulnera el principio de igualdad y el mandato de mantener una radiodifusión plural e imparcial.

Para la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la solución propuesta por el presidente no era aceptable. Rechazó cualquier mecanismo de concesiones privilegiadas y demandó que el debate incluyera a todos los actores afectados, no solo a un sector particular.

La reacción social, institucional y el freno judicial
Ante la creciente alarma, actores políticos y sociales —desde diputadas y diputados hasta gremios de radiodifusión— alzaron su voz para advertir que lo que estaba en juego no era solo un asunto económico, sino la libertad de expresión y la pluralidad democrática.

Finalmente, la Sala Constitucional de Costa Rica (Sala IV) actuó. En una medida cautelar histórica, suspendió de forma inmediata la subasta de frecuencias, con base en el riesgo de “una disminución significativa de los servicios de radiodifusión” que podría dejar fuera del aire hasta dos tercios de las estaciones activas.

La decisión fue celebrada por muchos sectores como un triunfo de la democracia, de la libertad de prensa y del pluralismo. Algunos diputados señalaron que con la subasta en curso se habría iniciado un retroceso en materia de derechos fundamentales como la libertad de expresión.


¿Qué gana el Estado —y qué pierde la sociedad? Un análisis crítico
El argumento oficial del gobierno es que hace décadas las concesiones costaban prácticamente simbólicas cantidades (colones modestos, en virtud del marco legal antiguo), y que era justo actualizar los cánones ante la inflación, el valor del espectro radioeléctrico y la eventual explotación comercial de las frecuencias.

No obstante, el diseño de la subasta —con costos de entrada tan elevados— convierte al espectro radioeléctrico en un monopolio asequible solo para grandes conglomerados mediáticos. Eso representa un riesgo evidente para la diversidad informativa, la pluralidad mediática, y el acceso a voces regionales o comunitarias.

Además, el intento de dar trato privilegiado a emisoras religiosas, al margen de un proceso abierto e igualitario, pone en jaque principios de equidad, transparencia y neutralidad del Estado. Eso podría fomentar favoritismos, excluir a medios independientes y concentrar el poder mediático en pocas manos.

Y más allá de lo mediático: este conflicto pone en evidencia un patrón de gobierno personalista, de confrontación con instituciones, con autoridades judiciales, con el periodismo independiente, y con comunidades de base. Convertir un tema técnico en guerra política —con nombres propios, agravios personales, amenazas— es incompatible con los estándares de respeto institucional, pluralismo y democracia.

La Conclusión:
Una política de frecuencias que amenaza la pluralidad.
La subasta de frecuencias impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves, lejos de ser una modernización técnica neutra, representa un peligro serio para la libertad de prensa, la pluralidad informativa y el derecho ciudadano a una radiodifusión diversa. Al imponer costos prohibitivos y abrir la puerta a privilegios injustificados —especialmente para ciertos sectores religiosos—, se corre el riesgo de concentrar el poder mediático en pocas manos, excluyendo a medios independientes, comunitarios y regionales.
La intervención de la Sala IV y la reacción social muestran que la ciudadanía y las instituciones aún defienden esos valores democráticos. Pero la amenaza permanece latente: si el Ejecutivo insiste en imponer su agenda —más allá del diálogo, la equidad y la transparencia—, Costa Rica podría enfrentar un retroceso grave en su ecosistema mediático.
Para quienes creemos en la pluralidad, la diversidad regional, la libertad de expresión y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a información distinta, este intento debe ser observado con preocupación, denunciado donde corresponda y revertido.